LA REALIDAD DE LA LEY DE DEPENDENCIA

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1 de junio de 2011

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El problema no es si el Sistema es sostenible o no, sino cuál es el Sistema que queremos desarrollar

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia muchas han sido las voces que han solicitado que algunos aspectos de esta fuesen modificados para garantizar el bienestar de este colectivo de población.

El desarrollo de la Ley, según datos oficiales del Ministerio de Política Social e Igualdad, es el siguiente. Las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia han sido mayoritariamente mujeres. El 56,23% de las personas en situación de dependencia tienen más de 80 años.

El 76,28% de las personas beneficiarias con derecho a prestación mayores de 80 años, ya están recibiendo una prestación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). Es decir, tres de cada cuatro personas mayores de 80 años reciben prestaciones de sistema. No todas las personas en situación de dependencia viven en las grandes ciudades. Cerca de 200.000 de las personas beneficiarias viven en entornos rurales.

Desde la RESIDENCIA GERIÁTRICA BALLESOL, su consejero delegado, D. Ignacio Vivas cree “el problema no es si el Sistema es sostenible o no, sino cuál es el Sistema que queremos desarrollar y cuáles son las dotaciones presupuestarias necesarias para ello”. Estamos por tanto ante un sistema con recursos insuficientes y “poco profesionalizado”, que:

Perjudica a los beneficiarios porque sus necesidades de atención no se verán cubiertas o en su caso serán insuficientes.
Seguirá siendo negativo para los proveedores de servicios porque trabajarán en condiciones económicas muy desfavorables.
Las posibilidades de desarrollo de los profesionales del sector serán más limitadas.
No favorece a las Administraciones Públicas porque no podrán facilitar a los ciudadanos los niveles de bienestar contraídos.

Situación geográfica de la Ley de Dependencia

Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Política Social e Igualdad sobre la distribución geográfica de la Ley de Dependencia es la siguiente:

El 39,05% de las personas en situación de dependencia viven en localidades de más de 50.000 habitantes.
El 12,7% de la población española vive en localidades de menos de 5.000 habitantes, sin embargo, el 28,5% de las personas en situación de dependencia viven en estas localidades.
Desde el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) se ha facilitado el acceso a prestaciones a personas que residen en este entorno rural.

Residencia para la Tercera Edad BALLESOL, como referente en el sector residencial en diferentes Comunidades Autónomas, se ha adaptado a las nuevas normativas autonómicas, aunque entiende que debería haber mayor coordinación entre las diferentes Administraciones competentes a fin de que se mantuviera adecuadamente la unidad de mercado. “No tendría sentido, por ejemplo, que los criterios de acreditación de Centros y Servicios fuesen diferentes en las distintas Comunidades Autónomas. Debería actuarse de manera conjunta en la fijación de criterios consensuados para la concesión de las prestaciones previstas en la Ley así como en el sistema de control por parte de las Administraciones competentes o en el ámbito de la formación de los profesionales del sector”, asegura D. Ignacio Vivas.

«Debería haber mayor coordinación entre las diferentes Administraciones competentes a fin de que se mantuviera adecuadamente la unidad de mercado»

Propuestas para mejorar la Ley de Dependencia

Residencias para la Tercera Edad BALLESOL lleva mucho tiempo proponiendo mejoras en el sector de Atención a la Dependencia, y específicamente, desde AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia) y la Fundación Edad & Vida. Para Grupo BALLESOL, algunas de las medidas más necesarias son las siguientes:

La necesidad de fomentar un marco claro de relación entre el sector público y el privado en la provisión de servicios de Atención a la Dependencia.
Debe establecerse un sistema de ámbito nacional para la acreditación de centros y servicios que tenga en cuenta el grado y nivel de dependencia. De la misma opinión es D. Albert Vergés, Director General de la Fundación Edad & Vida, que cree que “la revisión tendría que establecer que las prestaciones de servicios sean prioritarias, en general, y exclusivas para los dependientes de Grado II y Grado III”.
Es necesario adecuar las tarifas de concertación a la calidad y los costes reales de los servicios y diferenciarlas por el nivel de dependencia.
Es imprescindible reducir la figura del cuidador no profesional al carácter excepcional con el que la Ley lo conceptuó.

La realidad del aumento de las plazas vacías, el incremento de las prestaciones económicas para el cuidador informal, ha influido mucho en la política de los Centros Residenciales. En el caso de las Residencias de ancianos especializadas en Alzheimer BALLESOL, la política ha sido siempre la misma. Mantener la calidad del mejor servicio, tanto en época de bonanza como de crisis. Para D. Ignacio Vivas, “situar a la Persona Dependiente en el centro de la atención y actividad es un principio al que no nos permitimos renunciar con independencia del coste que por ello debamos asumir”. De esta manera la satisfacción de los clientes, privados y públicos, es la única garantía del éxito del trabajo que desempeñan.

Debería haber mayor coordinación entre las diferentes Administraciones competentes a fin de que se mantuviera adecuadamente la unidad de mercado

En cuanto al crecimiento de las prestaciones económicas para el cuidador informal tiene una influencia determinante en los actuales niveles de ocupación de los Centros Residenciales para Personas Dependientes, pero “lo que está teniendo un impacto decisivo (al margen de la situación económica general) es la incertidumbre a la que el sector se enfrenta por la ausencia de un marco claro y transparente que permita llevar a cabo una adecuada planificación a medio y largo plazo de nuestra actividad”. En esta impresión del Consejero Delegado de BALLESOL, se añade una preocupación, y es la de “no tener que lamentarnos en el futuro por esta incertidumbre actual y la consiguiente paralización de cualquier proyecto inversor en el sector de atención a la dependencia”.

Coste del Servicio

Otra realidad con la que trabajan los Centros Residenciales ha sido el enfrentarse a unos precios percibidos por una parte de las plazas que no llega a cubrir el coste del servicio que en ellas se presta. ¿Qué implica? La opinión desde el grupo de Residencias Geriátricas es que implica “que para alcanzar un precio medio en el conjunto que garantice un adecuado retorno de las inversiones realizadas, el sector estrictamente privado de esos Centros termina por financiar el déficit en el que se incurre en las plazas subvencionadas con fondos públicos”. Siendo por tanto llamativo que la “actuación de las Administraciones Públicas en este concreto aspecto, la concertación de plazas con la iniciativa privada pueda tener el aspecto positivo de contribuir a mantener los niveles de ocupación de los Centros y al tiempo incida negativamente en el precio de las plazas privadas en esos Centros”, concluye el Consejero Delegado de las Residencia para Mayores BALLESOL, D. Ignacio Vivas.

Mientras tanto BALLESOL con más de 30 años en el sector residencial seguirá apostando por la calidad de los servicios con los mejores profesionales, y con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de los residentes. Así, y durante los últimos 10 años, el crecimiento de Grupo BALLESOL ha sido exponencial, manteniendo los esfuerzos para consolidar un proyecto sólido y fiable.