Grupo Ballesol y la Fundación Tutela de Alicante, ejemplos en la protección jurídico-social de residentes y personas con discapacidad intelectual
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso en la sociedad actual. Ante las evidentes condiciones de exclusión en las que muchas veces se encuentran, evitar la restricción de sus derechos básicos y libertades es fundamental para su desarrollo personal e integración y relevancia en la sociedad. Con este propósito surgió la Fundación Tutela de Alicante, “para trabajar por y para la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual” centrándose en su protección y en especial en aquellas personas cuya tutela “nos ha sido encomendada por el juez”, explican desde la Fundación.
En este contexto, Grupo Ballesol, entidad referente en la prestación de servicios asistenciales y residenciales para la tercera edad, tiene entre sus objetivos ofrecer la mejor protección jurídico-social a sus residentes, garantizando el compromiso de “ejercer la tutela y curatela de las personas incapacitadas, asumir la defensa judicial o el prestar información, orientación y apoyo a todos aquellos particulares que así lo soliciten”.
Acceder a los recursos sociales, psicológicos y/o médicos necesarios, son las solicitudes más demandas por familiares, y uno de los aspectos abordados en la Jornada sobre “Protección Jurídica y Tutela de Adultos” que se celebró el pasado 26 de febrero en el centro Ballesol Costa Blanca Senior Resort junto a la Fundación Tutela de la Comunidad Valenciana. Las diferentes ponencias presentadas por parte de la Fundación, Celia Lorca (directora), Leticia Bañón (trabajadora social), Beatriz Tebar (letrada) y Carmen Robles (presidenta) analizaron situaciones y realidades en “la tutela y curatela de aquellas personas incapacitadas que necesitan una garantía jurídica, patrimonial y personal”. En este sentido, desde Grupo Ballesol se expuso el procedimiento y manejo de estas situaciones en la organización, teniendo en cuenta la obligación de “ofrecer un servicio social indispensable para aquellas familias que por motivos diversos no pueden afrontar la tutela de alguno de sus miembros”.
La Jornada sobre “Protección Jurídica y Tutela de Adultos” suscitó también el interés de instituciones y entidades vinculadas a los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, que coincidieron en la necesidad de dar una respuesta común desde todas las disciplinas y ámbitos necesarios.
