Secretaria de Estado Servicios Sociales e Igualdad
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se creó para desempeñar las funciones en materia de cohesión e inclusión social, familia, protección del menor y atención a las personas dependientes o con discapacidad… Susana Camarero, actual secretaria de estado de Servicios Sociales e Igualdad, analiza para la revista BALLESOL cuestiones de actualidad como las últimas reformas realizadas en la Ley de la Dependencia, “que han permitido que este Sistema pueda garantizar su sostenibilidad actual y para el futuro” y el desarrollo de actividades que fomentan la intergeneracionalidad como las que realiza Grupo BALLESOL en todos sus centros residenciales. “Valoramos de forma muy positiva la puesta en marcha de actividades intergeneracionales en los centros residenciales que deberán diseñarse y llevarse a cabo previo el estudio de los perfiles de residentes, sus gustos, ambiciones y recuerdos para así lograr que sean un éxito”.
¿Cuáles serán las competencias de Susana Camarero en el proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para cumplir los tres grandes objetivos de: Mantenimiento de la Sanidad pública, universal y gratuita, el impulso a las políticas sociales y la “meta irrenunciable” de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres?
En la primera parte de la legislatura, el Gobierno se ha dedicado a resolver el problema más urgente, que era salir de la crisis económica. Ahora que tenemos más margen, nos vamos a emplear a fondo en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, con las personas, especialmente con quien más lo necesita, las personas más vulnerables. A la cabeza de esta lista de prioridades está la de atajar los niveles de pobreza. Hay muchas familias que lo están pasando mal, sobre las que hay que actuar.
Es una evidencia que en el sector de atención a Personas Mayores en situación de dependencia desarrolla su actividad un elevado número de profesionales sanitarios ¿Cómo se valora desde el Ministerio la aportación que realizan esos profesionales sanitarios de los Centros de Atención a Personas Mayores dependientes? ¿En qué medida su trabajo está contribuyendo a la sostenibilidad del Sistema de Salud?
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Si consideramos la aceleración del envejecimiento de la población española, y por lo tanto el incremento de la enfermedad crónica, así como el reconocimiento de la situación de dependencia, como derecho subjetivo, es evidente que cada vez se van a necesitar mayores recursos profesionales para atender a las Personas Mayores en situación de dependencia.
De los servicios contemplados en el Catálogo de la Ley de Dependencia, es el servicio de Atención Residencial el que constituye el servicio profesionalizado más importante destinado a las personas mayores en España.
Es obvio que el trabajo de estos profesionales contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Salud en una doble vertiente: retrasando la entrada en el Sistema de Salud de las personas incluidas en los programas de Prevención y de Promoción de la Autonomía Personal; disminuyendo costes del Sistema de Salud que, a corto o medio plazo, implicaría la atención a estas personas, y, por otra parte, detrayendo los costes que supondría la atención por el Sistema de Salud de las personas mayores que están recibiendo cuidados de índole sanitaria tanto en los Centros de Día como en los Centros Residenciales.
Por todo ello es importante continuar trabajando y aunar esfuerzos en materia de coordinación sociosanitaria que redundará tanto en beneficio de las personas atendidas al reforzarse la atención integral, como en la sostenibilidad del sistema.
En la mayoría de los países europeos la atención a las Personas Mayores en situación de dependencia se financia a partir de tres fuentes diferentes: el sistema de servicios sociales financia la atención social, el sistema de salud financia la atención sanitaria y el usuario financia la atención residencial. En España, sin embargo, el sistema de salud no participa de manera directa en esa financiación. Entendiendo que esta es una cuestión que en gran medida depende de las Comunidades Autónomas en virtud de las competencias transferidas, ¿cree que debería introducirse alguna modificación sobre el sistema de financiación actualmente establecido?
La Ley de la Dependencia contempla una triple financiación: La que realiza la Administración General del Estado a través de la cobertura del nivel mínimo; la que realiza las Comunidades Autónomas; y la que realiza el beneficiario en relación a su capacidad económica.
El Gobierno –la Administración General del Estado- aporta a la financiación pública de la dependencia más del 50% que prevé la ley, concretamente el 51,47%, mediante transferencias a las Comunidades Autónomas por dos vías que respetan, ambas, los principios de igualdad y equidad.
La primera vía es la financiación del nivel mínimo que se realiza en función de los beneficiarios con prestación reconocida y del grado de dependencia, la segunda vía la constituye la financiación adicional de la Ley 22/2009, para fondo de garantía de servicios públicos de sanidad, de educación y de dependencia. Para la dependencia el porcentaje de distribución es el 25% de los fondos adicionales anuales. Pues bien, en su conjunto, la Administración General del Estado aportó en 2013 al conjunto de la financiación de la dependencia más que en 2011. Ha pasado de 3.610,5 millones de euros a 3.679,5 millones de euros.
La experiencia en el conocimiento de las leyes de protección contra la violencia de género o el desarrollo de la ley de igualdad entre mujeres y hombres, entre otras realidades, la han dotado de una sensibilidad y eficacia en sus competencias en Asuntos Sociales, que sus compañeros de partido han valorado muy positivamente. ¿Cree que sería conveniente desarrollar alguna campaña contra la violencia de género dirigida específicamente a la población de personas mayores?
La mayor parte del maltrato infringido a las personas mayores pasa totalmente inadvertido, sobre todo el maltrato psicológico. Por ello, debe adoptarse una actitud de prevención del maltrato a través de los medios más apropiados, entre ellos, el reconocimiento de su existencia, la aplicación correcta de la normativa penal vigente, el estudio y, en su caso, elaboración de un marco legal más completo sobre el maltrato a personas mayores, la vigilancia y el control de los centros por parte de las Administraciones y las Empresas, la elaboración de protocolos de actuación relativos al maltrato y abuso a las personas mayores, y por último, el diseño y ejecución de programas dirigidos a su prevención así como otras medidas de carácter análogo.
¿En qué consiste la Campaña “Hay salida” para informar y sensibilizar a la sociedad española sobre la violencia de género en personas mayores?
Una de las medidas puesta en marcha por este Departamento consiste en llevar la campaña “Hay salida” enfocada a atajar la violencia de género, a los centros de atención primaria de toda España, también en los núcleos de población más pequeños, pues la implicación del profesional sanitario es clave. Las personas mayores establecen con su médico habitual una relación de confianza, y por tal razón, resultaba indispensable trasladar a estos centros la importancia de denunciar los malos tratos.
Algunas de las competencias de su Ministerio son la política de familia y atención a las personas dependientes. ¿Cree que el papel de la familia en la atención a las personas dependientes está suficientemente reconocido y apoyado por la sociedad y las instituciones? ¿Va a llevar a cabo su Ministerio alguna nueva propuesta en este sentido?
La Ley de la Dependencia ha venido a cubrir la necesidad de atención a los miembros de la familia (mayores y discapacitados de cualquier edad) que precisan la atención de una tercera persona para realizar las actividades básicas diarias. Al recibir esta atención los beneficiarios de la Ley de la Dependencia, los demás miembros familiares, sobre todo las mujeres que tradicionalmente se han hecho cargo de los familiares más desvalidos, pueden vivir su propia vida y la familiar de forma más plena.
Para el Gobierno es fundamental que el sistema público de servicios sociales dé cobertura a las necesidades básicas de la población española en las circunstancias económicas actuales. Por esta razón, las últimas reformas realizadas en la Ley de la Dependencia, han permitido que este Sistema pueda garantizar su sostenibilidad actual y para el futuro. Puedo asegurar que el Sistema de Dependencia inicia ahora una senda de sostenibilidad que hay que consolidar en el futuro. Un sistema de Dependencia ágil, simplificado y ordenado, así como transparente en la gestión, resulta primordial. Y por tanto, el Gobierno garantizará su mantenimiento y mejora.
«Cada vez se van a necesitar mayores recursos profesionales para atender a las Personas Mayores en situación de dependencia»
Asimismo, es de resaltar los Acuerdos del Consejo Territorial de 16 de enero y 4 de julio de 2013, en los que se aprobaron los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los Planes de Prevención de las situaciones de dependencia y Promoción de la autonomía personal. El objeto de estos Planes de Prevención es disminuir la prevalencia e incidencia de deficiencias y discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de dependencia, y promover su autonomía personal.
Todas estas medidas, dirigidas principalmente a beneficiar a la persona en situación de dependencia, no cabe duda que también favorecen a la familia, soporte principal de estas personas.
Grupo BALLESOL apuesta por la realización de actividades Intergeneracionales en sus residencias. ¿Considera positivo fomentar iniciativas intergeneracionales que permitan disfrutar de la riqueza de la diversidad generacional? ¿Qué tipo de iniciativas encuentra más acertadas?
La puesta en marcha de un programa intergeneracional no consiste simplemente en organizar una actividad en la que participen personas mayores y otras de menor edad. Estos programas sólo dan buenos resultados si previamente se han diseñado y planificado a conciencia. Para ello es fundamental contar con el apoyo de personas formadas en intergeneracionalidad, capaces de preparar a los participantes en el programa para que la experiencia sea positiva, esté basada en el intercambio de recursos y experiencias, y tenga continuidad en el tiempo. Las asociaciones juveniles y de personas mayores podrían convertirse en entidades colaboradoras de programas intergeneracionales, con los beneficios que esto supondría tanto para sus asociados como para las personas del centro donde se realicen. Por ello valoramos de forma muy positiva la puesta en marcha de este tipo de actividades en los centros residenciales, que deberán diseñarse y llevarse a cabo previo el estudio de los perfiles de residentes, sus gustos, ambiciones y recuerdos para así lograr que sean un éxito.
Biografía
Nacida en 1970, Camarero ha sido, antes de dirigir la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, portavoz de Servicios Sociales del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, casada y con un hijo, ha sido diputada en las Cortes Valencianas entre 1995 y 2000. Es diputada Nacional desde el año 2000 (VI, VIII, IX y X Legislaturas).
Camarero es, además, miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, vocal suplente de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Igualdad, vocal de la Subcomisión Racionalización Horarios, Conciliación y Corresponsabilidad y vocal de la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales, entre otras responsabilidades.
