Un adecuado sistema fiscal debe contribuir al impulso de la actividad económica, a la generación de empleo y a incrementar las rentas, y por tanto, el bienestar del conjunto de la población.
Estimados amigos,
Todas las noticias indican que se nos viene encima una nueva reforma fiscal, y ya hemos perdido la cuenta de las que se han realizado desde aquella famosa campaña que decía que Hacienda somos todos.
Estoy convencido de que a estas alturas ninguno discutiríamos la necesidad de un sistema impositivo que permita a las Administraciones Públicas una recaudación con la que puedan cubrir, al menos en parte, el gasto en el que incurren, sostener los servicios públicos y realizar inversiones que, de otra forma, no serían atendidas. Todo ello, evidentemente, hablando de una Administración eficiente y ajustada.
También parece claro el papel redistributivo que, al menos en teoría, juegan los impuestos, especialmente los impuestos directos (IRPF, Impuesto de Sociedades, etc.). Si contribuye más quien más tiene pero todos recibimos los servicios por igual, independientemente de cuál haya sido nuestra contribución, se produce una redistribución de rentas desde los grupos sociales con mayor poder adquisitivo hacia aquellos menos favorecidos.
Pero hay otro aspecto al que me parece que se le presta poca atención o, cuando menos, tengo la sensación de que la que se le presta no es muy de agradecer. Un adecuado sistema fiscal debe contribuir al impulso de la actividad económica, a la generación de empleo y a incrementar las rentas, y por tanto, el bienestar del conjunto de la población.
Y para eso, en mi opinión, hace falta que el sistema fiscal sea sencillo y comprensible por todo el mundo y no se convierta en un conjunto de enigmas únicamente descifrables por profesionales. Se contarían con los dedos de una mano los empresarios que realizan por sí mismos la declaración del Impuesto de Sociedades sin recurrir a asesores fiscales capaces de desentrañar los misterios que encierra.
Hace falta que se paguen impuestos en función de las rentas efectivamente generadas y no por aquellas que se supone que se van a generar. El estado ha incrementado su financiación anticipando el pago de impuestos a trabajadores y empresarios restando poder adquisitivo a ambos, limitando así su capacidad de consumo e inversión. Retenciones a cuenta, pagos a cuenta, ingresos anticipados, créditos fiscales y tantas otras obligaciones que afectan a las disponibilidades económicas de las personas y de las empresas.
Y, por supuesto, hace falta que el sistema fiscal no penalice el consumo a través de impuestos indirectos. Porque sin un consumo sólido y continuo va a ser muy difícil que se genere actividad económica e inversión.
No pierdo la confianza de que la próxima reforma nos proporcione un sistema fiscal simple en el que no prime el afán recaudatorio sobre la eficiencia, la racionalidad y el bienestar de las personas.
Un fuerte abrazo,
