RECONOCER LA REALIDAD, ATREVERSE AL CAMBIO

By Redacción Revista Ballesol

25 de julio de 2012

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Montserrat Cervera.

Directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting

Los servicios de atención a personas con dependencia

Cada vez son más los ciudadanos que requieren atención social y atención sanitaria de modo simultáneo, de manera que ambas actúen entre si sinérgicamente, una condición indispensable para conseguir mayores cotas de calidad de vida y una mejora o contención de la situación personal que viven.

Las principales razones por las cuales se da esta creciente demanda son conocidas. La coincidencia de enfermedad crónica y dependencia se da en grado muy alto en las personas con dependencia, especialmente cuando se trata de personas mayores o muy mayores, un tercio de las cuales presenta además un tipo de cronicidad con alto riesgo de hospitalización. Al mismo tiempo, más de un tercio de los pacientes crónicos de alto riesgo presentan algún nivel de dependencia, tal como se explica en los siguientes gráficos publicados en Antares_Health_Lines: (1)

Es pues evidente que coinciden buena parte de los clientes del sistema de salud y del sistema social, que requieren de atención social y de atención sanitaria a la vez.

Esta coincidencia de los perfiles junto con la escasez de servicios y estructuras adaptados a las necesidades de esta población, acaban por sobrecargar los servicios hospitalarios de agudos, las urgencias y la propia atención primaria de salud: entre un 10 y un 15% de pacientes son la causa de cerca del 50% de las estancias hospitalarias. Un 10% de la población genera el 40% de la demanda de primaria. Y si nos centramos en la población con dependencia, en un estudio realizado en Barcelona, se comprobó que el 45% de la población mayor de 65 años y con dependencia había acudido una o más veces a urgencias en el año anterior. (2)

Si estamos de acuerdo en que las necesidades de las personas son las que justifican la intervención profesional y, por tanto, son los sistemas los que deben adaptarse a ellas, ¿Están nuestros sistemas adaptados a estas necesidades de sus clientes?.

Los servicios sociales, a través de su oferta de servicios residenciales están atendiendo en España a más de 340.000 (3) personas cuyos perfiles de dependencia son mayoritariamente altos y, tal como hemos visto antes, casi siempre asociados a enfermedad crónica. Son pues personas que requieren simultáneamente de una atención social y de una atención a sus problemas de salud. Los centros residenciales prestan esta atención. Y aunque las personas deberían recibir servicios directos de su correspondiente centro de salud puesto que la residencia es su hogar, todos sabemos que esto no ocurre y que son los propios centros quienes la ofrecen con perfiles profesionales determinados y supliendo al sistema sanitario al que, además, evitan consumos innecesarios en hospitalizaciones, sobreuso de los servicios de urgencia o de atención primaria, medicalización inadecuada, etc… Y todo ello a un coste mucho menor.

En el informe de Antares Consulting ya citado(4), se estima que sólo los consumos por hospitalización no adecuada de pacientes crónicos (recordemos, los que mayoritariamente tienen asociada una situación de dependencia), con datos del 2008, se traducían en el mal uso de 5.281 camas (ocupación del 85%) con un importe algo superior a los 1.000 millones de € al año.

En las conclusiones del informe Análisis de los costes sanitarios en centros residenciales privados para personas mayores de la Fundación Edad&Vida, se afirma textualmente: “El importe correspondiente al Módulo Sanitario, que debería asumir la Consejería de Sanidad correspondiente, se ha estimado en este informe en 8,92 €/estancia/día, lo que supondría un incremento del 16,5% en la tarifa media concertada”.(5)

Con toda esta información y, en un momento en que los análisis coste-eficiencia son tan necesarios, sería oportuno que conociéramos la rentabilidad social que los

servicios residenciales generan. No sé exactamente cual sería, pero si tomamos como referencia el resultado de un análisis de impacto que se realizó sobre el servicio de teleasistencia ⁶, sin duda sería alto: teniendo en cuenta que consumir el servicio de teleasistencia provoca destacadas reducciones en la utilización de servicios sanitarios, sociales y de emergencias, se concluyó que cada euro invertido en él supone una reducción media de costes de 2,46 € para el conjunto de Administraciones Públicas.

De modo que, en el contexto actual de escasez de recursos y necesidad imperiosa de ser lo más coste – eficientes posible, no nos queda más remedio que insistir en la necesidad de hacer las cosas de un modo distinto. Cambiar de verdad, corrigiendo los escapes del sistema por los que perdemos muchos recursos. Al fin y al cabo, el dinero con el que lo pagamos tiene una única fuente, los impuestos que pagamos todos, y por tanto deberíamos exigir que se gaste eficientemente.

«Cada euro invertido en teleasistencia supone una reducción media de costes de 2,46 € para el conjunto de Administraciones Públicas»

La propuesta es clara: tenemos que cambiar el modelo actual de separación entre sanidad y servicios sociales para atender a las personas con dependencia. Se acabó el tiempo en que la prestación de servicios se hacía desde la óptica de los servicios y no desde la óptica de las personas que los requieren y reciben, que por cierto, no tienen su cuerpo (o su alma) divididos en parcelas “sectoriales”. La atención a la dependencia y a la cronicidad que tan a menudo ésta lleva asociada, requiere de una concepción integral de servicios sanitarios y sociales, o cuanto menos coordinada. Los servicios residenciales que atienden a personas con grados elevados de dependencia lo saben, e incorporan en su cartera, de facto, atención básica a la salud. Por tanto, las plazas residenciales tienen un componente de coste formado por tres elementos básicos: la atención sanitaria, la atención social y los servicios hoteleros. ¿Por qué no lo reconocemos y de una vez establecemos un modelo de prestación y financiación de estos servicios respetando esta composición? Si lo hiciéramos podríamos después hablar de quién asume qué. Parece lógico que la administración se hiciera cargo de los costes de los servicios de salud (derecho universal) y de los servicios sociales –derecho subjetivo reconocido- en las condiciones que determina el marco legal, es decir, aplicando los correspondientes copagos cuando los hay. Las propias personas deberían asumir los costes de su mantenimiento, que cuando su situación económica no lo permitiera, serían asumidos total o parcialmente por la propia administración. En Francia funciona así. En Inglaterra también, por poner dos ejemplos.

Este planteamiento requeriría la reconversión y el traspaso de recursos que hoy se gastan inadecuadamente. Con ello quizás no se ahorraría gasto a corto plazo, pero seguro que se gastaría mucho mejor y se generaría mayor satisfacción en quienes reciben los servicios.

En este momento en el que está sobre la mesa la reforma de la Ley de la dependencia y del propio sistema que la hace efectiva, sería realmente oportuno plantearlo. Pero mucho me temo que, una vez más, nos limitaremos a pequeños retoques por no decir parches, más enfocados a cuestiones políticas que a, de verdad, desinteresados intereses de mejora profunda de un sistema que, de momento, tiene por delante mucho que mejorar.